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Fecha7 Oct 2026
Garantizar la seguridad y los derechos digitales de la infancia y la juventud sin restar un ápice a sus libertades ni a las oportunidades que ofrece la tecnología es uno de los debates más complejos y acuciantes de nuestro tiempo.
Para abordar este desafío desde una perspectiva amplia, combinando la visión institucional, el humanismo digital y el análisis legislativo, la Fundación José Antonio Llorente celebró el encuentro «Los derechos digitales de los jóvenes».
De la mano de Rubén Pérez Correa, Secretario de Estado de Juventud e Infancia; Luisa Alli, Directora General de la Fundación Hermes; y Moisés Barrio, letrado del Consejo de Estado y jurista experto en derecho digital, analizamos las claves para construir un entorno digital seguro.
Entre la urgencia nacional y el encaje europeo
Recuperar el consenso legislativo:
Rubén Pérez Correa subrayó que, tras la paralización de la Ley Orgánica para la protección de los menores en entornos digitales a causa del adelanto electoral, cualquier opción política que configure gobierno deberá retomar de forma prioritaria este texto legislativo.
Asimismo, defendió la necesidad de escapar de la tecnofobia y del aislacionismo. «Si en el mundo real hay jóvenes, en el mundo digital tiene que haber jóvenes», indicó.
La sólida base del ordenamiento español:
Por su parte, Moisés Barrio recordó que España lleva años siendo referente en esta materia, destacando que en 2018 la modificación de la ley de protección de datos ya incorporó un título específico sobre garantía de derechos digitales.
El letrado del Consejo de Estado expuso que los artículos 83 y 84 de dicha norma consagran el derecho a la educación digital y la obligación de tutelar a los menores para asegurar un uso equilibrado, crítico y respetuoso con la dignidad humana.
El desafío de la escala europea:
En relación con la propuesta de reglamento presentada por la Comisión Europea, Moisés Barrio detalló que plantea un sistema escalonado por edades: prohibición de cuentas en redes sociales para menores de 13 años, minicuentas supervisadas de los 13 a los 15 años y cuentas autónomas con diseño seguro a partir de los 15 años.
El jurista indicó que, aunque este modelo europeo puede presentar cierta contradicción con el umbral de los 16 años fijado en el proyecto español, la propuesta europea aún tiene recorrido parlamentario y convivirá con las garantías ya consolidadas en el derecho interno.
Verificación de edad y privacidad: Una ecuación técnicamente viable
Identidad digital sin rastreo masivo:
Frente al argumento de que verificar la edad destruye el anonimato o exige rastrear al usuario, Moisés Barrio aclaró que es perfectamente posible conciliar la privacidad de los datos con la protección del menor.
El experto en derecho digital expuso que basta con separar la acreditación inicial de la identidad del funcionamiento de la plataforma: mediante una atestación de atributos en el propio dispositivo (un metadato criptográfico que valida que se supera un umbral de edad), la red social recibe un ‘sí’ o ‘no’ de forma anónima, sin necesidad de almacenar el DNI ni vigilar la navegación.
Responsabilidad por diseño y entornos seguros:
Una vez validada la franja de edad, Moisés Barrio señaló que la carga de cumplimiento debe desplazarse a las plataformas.l letrado sostuvo que las grandes corporaciones deben aplicar por defecto configuraciones de máxima privacidad, bloquear las sugerencias de contactos desconocidos y desactivar mecánicas adictivas como la reproducción automática o el scroll infinito.
Exigencias al sector tecnológico:
Coincidiendo con este planteamiento, Rubén Pérez Correa recalcó que la autorregulación de las empresas tecnológicas ha fracasado rotundamente. Puso como ejemplo cómo plataformas como TikTok llenaron las calles de publicidad sobre «escuelas de padres» justo cuando el Gobierno anunció el anteproyecto de ley, demostrando que solo reaccionan ante el impulso regulatorio.
El sector tecnológico tiene que tener las mismas limitaciones que tiene una central nuclear, una industria de automoción o una transformación agraria», aseveró el Secretario de Estado.
Humanismo digital: Desmontar el fatalismo y aplicar la bioética
Dos conversaciones diferenciadas:
Luisa Alli enfatizó la necesidad de no mezclar dos debates esenciales: por un lado, el derecho inalienable de los jóvenes a recibir educación digital y dominar la tecnología (incluida la inteligencia artificial); por otro, la respuesta firme ante los abusos de las redes sociales.
Respecto a este segundo punto, la Directora General de la Fundación Hermes se mostró categórica: «Tenemos que ser durísimos en la regulación y la exigencia de responsabilidades a los que están operando perjudicando a nuestros niños y jóvenes».
Principios éticos frente a la inercia algorítmica:
Luisa Alli denunció la trampa de la narrativa que presenta el impacto tecnológico negativo como algo inevitable frente al cual seríamos siervos en lugar de ciudadanos libres: «Nos han enredado… vivimos en Matrix».
Defendió la necesidad de trasladar los principios de la bioética y la sostenibilidad al entorno digital —destacando la máxima de «no hacer daño», la autonomía y la justicia— para evitar que las corporaciones antepongan la monetización al bienestar de las personas.
La asimetría con los medios de comunicación:
Asimismo, Luisa Alli puso el foco en el intenso esfuerzo de lobby ejercido por las plataformas para evitar ser consideradas medios de comunicación, eximiéndose así de cualquier responsabilidad sobre los contenidos que difunden y lucrándose con la polarización y la vulnerabilidad de los usuarios.
Protección reforzada: ‘Sharenting’, trabajo infantil e intervención judicial
La exposición del menor en la red:
Rubén Pérez Correa advirtió sobre la normalización de la sobreexposición infantil en entornos digitales (sharenting) y la urgencia de regular la actividad de los menores creadores de contenido o influencers. «Lo hemos naturalizado llamándoles influencers infantiles, pero se llama trabajo infantil y en este país está prohibido», afirmó el Secretario de Estado, abogando por actualizar el estatuto del artista y proteger la imagen del menor.
Tutela ponderada:
Sobre esta ponderación jurídica, Moisés Barrio explicó que el deber de tutela de los padres es modular y debe ser mayor cuanto más elevado sea el riesgo, haciendo plenamente legítimas las medidas de supervisión sobre las cuentas de menores sin que ello suponga una vulneración de sus derechos fundamentales.
Alfabetización, innovación pedagógica y la voz de los jóvenes
Pensamiento crítico y la fuerza de la juventud:
Luisa Alli concluyó destacando el valor transformador del tercer sector y las alianzas público-privadas, como el Observatorio de Derechos Digitales.
Además, reivindicó la capacidad de la juventud para liderar respuestas éticas, citando el ejemplo de aplicaciones como Back to Life, diseñada por dos jóvenes estudiantes universitarios para neutralizar los algoritmos y patrones adictivos en las redes sociales.
Conclusiones
- El fin de la autorregulación corporativa: La protección de la infancia y la juventud en internet requiere un marco regulatorio exigente e inderogable. Las plataformas tecnológicas deben asumir responsabilidades legales directas y diseñar servicios seguros por defecto.
- Verificación de edad respetuosa con la privacidad: La tecnología actual permite validar la franja de edad mediante atestaciones anónimas en el dispositivo, garantizando la seguridad sin necesidad de ceder datos personales ni rastrear la actividad.
- Educación digital frente a la prohibición: La regulación es un medio de seguridad necesario pero insuficiente si no va acompañada de una alfabetización crítica que capacite a los jóvenes para dominar la tecnología y no ser manipulados por ella.
- Regulación del trabajo infantil y ‘sharenting’: La exposición continuada de menores en redes sociales y su monetización comercial debe abordarse desde la protección de los derechos del niño, combatiendo la naturalización del trabajo infantil digital.
- Un compromiso colectivo impulsado por los jóvenes: La construcción de un entorno digital seguro y ético exige alianzas entre administraciones, empresas y sociedad civil, contando activamente con la visión y la capacidad crítica de las nuevas generaciones.
«Si en el mundo real hay jóvenes, en el mundo digital tiene que haber jóvenes; nuestro deber no es expulsarles de la red, sino exigir a la tecnología que sea un espacio seguro que respete sus derechos fundamentales.»
